“El muerto ya descansa. Déjalo que descanse en paz…”. (Eclesiastés 38:23).

Durante los años nefastos de la Inquisición en el Perú, cuando un preso moría en la cárcel, se disponía que pusieran una máscara al cadáver y, semanas después, ese hombre era quemado en la plaza de armas de Lima.

A contracorriente de los avances de la civilización, se han producido eventos similares en nuestra historia de hoy. Luego del conflicto interno que ocurrió en el siglo pasado, los gobiernos que siguieron al de Fujimori, lamentablemente en muchos casos, han continuado los caracteres bestiales y anticristianos de la política del dictador nipón.

Este es el caso, por ejemplo, de la llamada “muerte civil” que ha cerrado el camino del trabajo a miles de peruanos que cumplieron penas de décadas, después del conflicto. A pesar de que, en el Derecho desde la época de la Carta Magna (1215), está prohibido promulgar leyes de aplicación retroactivamente maligna, o que estén dictadas por un espíritu de venganza, en el Perú se las ha establecido como tales.

Los últimos casos van contra la civilización. Insistir en la idea del “terrorismo perpetuo”, abrir procesos sin motivo e impedir que salgan libres quienes están cumpliendo ya largas condenas desde el siglo pasado, como ocurre ahora, por ejemplo, con la reciente sentencia del llamado caso “Perseo” o el nuevo juicio inventado contra Víctor Polay- ex dirigente del fenecido MRTA- con el objetivo de extender la cárcel de por vida. Esto es inhumano y perverso.

Lo es también dinamitar cementerios y hacer desaparecer cadáveres, aun tras la justificación de que fueron terroristas, pues implica un nuevo castigo, el de la muerte después de la muerte. Supone, además, que el castigo que se diera a quien murió en prisión debe extenderse sobre sus familiares y quedar sobre ellos como una perpetua prohibición al recuerdo.

Un nuevo hecho desdichado ha mostrado al mundo esta visión espantable del Perú: muerto por cáncer, sin la debida atención médica, el Estado aplica venganza sobre los restos de Miguel Rincón Rincón. Con esta es la segunda aplicación de una aberrante disposición de que ciertos presos, al morir, sean incinerarlos y no entregados a la familia, como es su más elemental y legítimo derecho.

No hay que ser “senderista” ni “emerretista” para ponerse del lado humano y condenar el ensañamiento contra los presos, hasta incluso después de muertos.

Si el gobierno impone esta forma de turbar el sueño de los muertos, hará eterno el odio, y la atención del mundo volverá a centrarse sobre nuestro país, pero esta vez no se le llamará al Perú “la capital de la gastronomía” sino, en pleno siglo XXI, la del canibalismo o tal vez del ensañamiento y la barbarie.

Y todo ello pese a que desde hace milenios la humanidad reconoce el respeto por los muertos como en Eclesiastés 38:23: “El muerto ya descansa. Déjalo que descanse en paz…”, así como otras leyes bíblicas que son válidas incluso para quienes olvidan el viejo mandato de amarnos y perdonarnos los unos a los otros.