¿VIVIMOS TODAVÍA EN UNA REPÚBLICA?
“El estado actual del gobierno peruano es incompatible con una democracia. No hay elemento alguno que señale que esta es una situación pasajera. Tengo que denunciarlo”.
“El estado actual del gobierno peruano es incompatible con una
democracia. No hay elemento alguno que señale que esta es una
situación pasajera. Tengo que denunciarlo”.
Ante rectores y representantes de todo el mundo, el rector de la
Universidad Nacional de Trujillo, Carlos Vásquez Boyer, ha denunciado
esta terrible verdad en el acto de recuerdo de los 200 años de esta
universidad, desde su fundación por Simón Bolívar y José
Faustino Sánchez Carrión, hasta nuestros días.
Para mí, como exalumno, las palabras de Vásquez Boyer se parecen
entrañablemente a la primera lección que recibí en esa casa: ama la
libertad y lucha por ella.
Había llegado yo dentro de un grupo de exalumnos a quienes se nos ha otorgado la Medalla del Bicentenario. A mi derecha se encontraba Walter Alva, uno de los arqueólogos más importantes del mundo. A mi izquierda, María Eugenia de la Puente, en representación de su padre,el legendario luchador social Luis de la Puente Uceda.
Tal vez, el hecho de levantarme a las cinco de la mañana y escribir
frente a una máquina feroz, han hecho que la universidad me considere un escritor digno de ese galardón.
Esta mañana, la televisión me ofreció las palabras del fiscal de la
Nación interino, Juan Carlos Villena, frente a la decisión del
gobierno de desactivar el equipo de apoyo al equipo especial de
fiscales contra la corrupción en el poder.
Villena considera que tales actos del gobierno entorpecen las
investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte y al gobernador de Ayacucho, entre otros.
Además del caso Rolex, hay una investigación contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, al parecer jefe de los “waykis”, una
presunta organización delictiva.
Si a esos hechos, ocurridos nada más en las últimas doce horas, se
añaden la evidente conspiración del Congreso para desmantelar la Junta Nacional de Justicia y para tomar el poder en los organismos
electorales, todo hace evidente que esta no es una crisis del
gobierno. Es la expresión de un permanente golpe contra la democracia y contra la república.
24 horas atrás, ya nos habíamos enterado de que la presidenta había decidido ocultar los informes que denuncian el crecimiento de una situación de pobreza y extrema pobreza durante este período, tan funesto como la pandemia,
Acaso ha muerto la república.
La protesta popular comenzó desde el mismo inicio de este régimen y se ha caracterizado tanto por una esperanza a toda prueba, en un lado,como por la feroz respuesta represiva del gobierno.
Observadores imparciales de todo el mundo coinciden en que fue una protesta espontánea, sin intervención externa ni dirección o
centralización política. El resultado provocado por el gobierno son
decenas de muertos y miles de heridos, así como un estado de tensión que no se agota.
La retórica ha sido la misma que Fujimori utilizó en la guerra interna del siglo pasado al señalar que los movilizados estaban dirigidos por
“terroristas”. Pero esa situación, repito, ocurrió y terminó en el
siglo pasado y los alzados fueron derrotados y han pasado décadas en la prisión. Incluso después de pagar sus penas se les ha negado incluso el derecho al trabajo.
Décadas después de haberlos condenado, se ha
creado para ellos una llamada “muerte civil”. Eso no es
constitucional. Ese es un bárbaro llamado a despedazarlos. En la
historia del derecho, las leyes no son retroactivas o sea deben darse antes y no después, y nunca ser aplicadas para aplastar a quienes ya habían sufrido el castigo.
Ahora todo el que protesta es acusado de “terrorista”, ¿se repetirá
una y otra vez la orden de disparar contra ellos? Anoche, desde este punto de vista, todos los invitados a celebrar los 200 años de nuestra universidad podríamos entrar en ese calificativo solo por ser críticos
al discurso oficial y alzar nuestra voz de protesta contra él. ¿Acaso
estaríamos liderados por nuestro valiente rector? ¿Las balas
apuntarían también contra los rectores de las universidades de España,
Argentina y de otros países allí presentes?
