LA JALADA DE MECHAS Y UN COSCORRÓN
Según el columnista Augusto Álvarez Rodrich –en La República–: “Fue una fortuna que las dos mujeres que agredieron a la presidenta de la República en Ayacucho ‘solo’ la insultaran y le jalaran el pelo y no la asesinaran, lo cual pudo ser posible por la seguridad negligente”.
Según muchas opiniones, también pudo ser al revés.
Además, AAR dice que aquello pudo ser posible por la “seguridad negligente”.
Suelo leer y generalmente estar de acuerdo con ese excelente columnista, pero en este caso, los dos extremos de su afirmación me parecen errados.
En primer lugar, las señoras Ilaria Ayme y Ruth Bárcena no estaban allí para asesinar a nadie. Se encontraban más bien para indagar por la muerte del hijo de una y del esposo de la otra y para saber si el gobierno iba a hacer justicia.
Una y otra tenían el cadáver de un ser querido en el corazón. En esas condiciones, no se planean crímenes. Más bien se producen actos de exasperación que de ninguna manera son punibles en ninguna legislación.
Más bien, la presencia de la señora Boluarte en una ciudad que la señala como responsable de diez muertes impunes, es una temeridad y una provocación.
Como el comandante general Jorge Luis Angulo lo ha denunciado, lo que se ha hecho es “pasar al retiro al alto mando de la Policía Nacional en forma abrupta, irregular e ilegal pretendiendo mellar la moral de la institución.”
Ahora se pretende culpar a la Policía y antes a los supuestos terroristas como se llama a los ciudadanos que ya cumplieron sus condenas carcelarias luego del conflicto del siglo pasado y que, ahora, añosos y condenados ahora a una inconstitucional muerte civil tendrá que salir de sus casas con los brazos en alto y las manos vacías.
El gobierno está inventando culpables para su pésimo manejo de la situación social.
En esas circunstancias, la presencia de la señora Boluarte es inexplicable. No tan solo se dirigió a un lugar donde la sangre está aún fresca, sino que lo hizo lanzando a manos llenas caramelos sobre la gente y manteniendo una sonrisa inamovible como si estuviera mostrando sus caries a un dentista.
La señora, además, sostuvo en su momento que, entre quienes protestaban, había personas armadas con fusiles traídos de Bolivia. En un año de investigaciones, no hay la mínima evidencia de tales imputaciones.
Por fin, llamar terroristas a las víctimas es infame. En principio, significa que, si lo fueran, su muerte estaría justificada. En segundo lugar, una vez más los actores del gobierno confunden ideologías con métodos y, con ignorancia supina, identifican “marxistas” con “terroristas”. ¿En qué calificación quedan Fujimori, Montesinos o el comando Rodrigo Franco? ¿No son ellos terroristas porque no son marxistas?
Tanto la prensa mundial como las entidades internacionales –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, y el propio diario The New York Times–,y ahora los Obispos del Perú muestran al mundo y denuncian un panorama en que lo criminal y lo bestial se juntan y gotean sangre.
Leonardo Ancco fue una de las víctimas de la violencia con la que efectivos militares, usando armas de fuego contra civiles desarmados, respondieron a las protestas en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022. Desde entonces, su esposa Ruth Bárcena, tiene el alma en pena, como también la tienen los cientos de familiares de las otras 50 víctimas, muertas en similares circunstancias, aquí y allá.
Están adoloridos e indignados porque todos los crímenes siguen impunes, y sus protestas no son escuchadas.
El derecho de protesta está expresamente reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales. En esas condiciones, la jalada de mechas a Boluarte es una protesta en situación límite y no es punible.
