Termina el 2023 con un temible conflicto entre el Estado peruano y la comunidad internacional. La solución no es tan fácil como la que sugieren algunos de apartarse del sistema interamericano de derechos humanos, pues ello supondría alejarse de la humanidad civilizada y escoger, sin protección alguna, los métodos perversos de las Inquisiciones.

Implica además elegir el banquillo de los excluidos.

Tampoco es seguro que el Perú continuaría siendo atractivo para los inversionistas y los Estados que buscan compromisos estables con países seguros. Esa postura no la asumen personas que hayan conocido la universidad o que hayan abierto un libro.

Por otro lado, tampoco es una solución cómoda para nuestra conciencia -nosotros si la tenemos- la de mandar de regreso a Barbadillo al exdictador. Sus años pesan, como también deberían pesar los de muchas otras personas que están en la prisión en esas mismas condiciones. El jubileo tendría que llegar y las puertas de la cárcel abrirse para todos los ancianos, e incluso debería comenzar a pensarse, por fin, en las bases de una amnistía general.

Pensar en el 2024 es una oportunidad para ensayar los principios sanos que alguna vez aprendimos en nuestra infancia.

Si no recurrimos al amor en nuestro pensamiento, vamos a tener que aceptar que regrese el espectáculo que vivía Lima en el pasado colonial.

En la Plaza de Armas de la ciudad, desfilaban semidesnudos, afiebrados, enfermos y con letreros infamantes los condenados por la Inquisición. Mientras un público feroz aplaudía el espectáculo, los vendedores hacían su agosto y, si era de noche, las prostitutas vendían sus servicios.

No, no y no. Elijamos creer que las cosas buenas son posibles, incluso cuando no se sabe cómo sucederán.

Elijamos, por ejemplo, la democracia y comencemos por liberarnos de algo que se parece demasiado al tiempo de la Inquisición:

CASTIGO DESPUÉS DEL CASTIGO. Aprobada por el desprestigiado Congreso anterior, la muerte civil para quienes salieron ya de la cárcel es solo un instrumento perverso que no tiene sentido en una democracia.

Decenas de miles de personas que participaron en el conflicto interno del siglo pasado han padecido décadas en prisión. A pesar de que en Derecho es inadmisible castigar a quien ya ha sido castigado, esos instrumentos legales establecen que, ya cumplida su condena, estas personas trabajen en sus profesiones. Eso es anticonstitucional… y malvado.

Raúl Wiener diría: ¿Cómo construir una sociedad pacífica y en vías de reconciliarse, si el Estado, estimulado por los medios y la derecha más recalcitrante, sigue con la política de quitarles la voz a los perdedores, y el derecho al trabajo y a la vida de sus descendientes?

ESCARNIO Y VIOLACIÓN. En días recientes, se aprobó perdonar un cuarto de la pena a los violadores cuando de sus actos hayan resultado hijos.

Por fortuna, veo que hoy se ha dado vuelta atrás en ese acuerdo. Sin embargo, la mera sugestión de aliviar la pena de los violadores nos hace recordar algunas simplezas que predominan en nuestro tratamiento del asunto.

Como por ejemplo, Paúl Muñoz, abogado de un delincuente sexual, dijo en su descargo que “a esa señorita le gustaba mucho la vida social”. Esa frase, y las que algunas bestias vierten en las redes sociales sobre las mujeres, nos muestran que un porcentaje de nuestra población apoya todavía posiciones que están en contra de todo lo que la sociedad ha logrado en la historia de los derechos humanos.

No tan solo la espantable pandemia, sino también los últimos veinte años de democracia inestable, deberían hacernos entender que amor y racionalidad deben ser nuestros primeros motores en el año que se inicia.

Las religiones suponen que, después de grandes catástrofes como el diluvio, llegan la purificación y la tolerancia. Ojalá que la hecatombe de nuestro tiempo nos traiga un día un poco de amor.